El estado debe empoderar a los jubilados en la elección de la obra social, impulsar la competencia en función de contribuir a la eficiencia de los gastos y crear mecanismos orientados a aumentar y mejorar la calidad de las prestaciones.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), más conocido como PAMI, es la obra social más grande de la Argentina. Brinda servicios a 4,8 millones de trabajadores en edad pasiva y maneja un presupuesto de magnitudes exorbitantes: 116.467 millones de pesos para el año 2017. Es la caja más preciada por los fondos que dispone y por el manejo autónomo que se permite sobre los mismos.

Estas características, lejos de convertirla en una organización eficiente, competitiva y que brinde servicios de calidad a sus afiliados, la hace una organización deficitaria, con servicios intermitentes en ciertos momentos del tiempo y en camino a reformas que lejos de mejorarlas, van a dar continuidad a la ineficiencia.

tercera posición

Sus dificultades parten de su génesis.  El PAMI (como se lo llama comúnmente), posee un nivel de recursos que sobrepasan al de cualquier otra organización de salud del país. Recibe alrededor del 4,5% de toda la masa salarial registrada, 3% sobre las jubilaciones abonadas y transferencias directas del Estado Nacional. Por otra parte, posee un universo de afiliados cautivos, que si bien tienen opciones para solicitar un cambio de obra social, los mecanismos no son claros y no hay incentivos para hacerlo. Esta masa formidable de fondos y sumado a la cautividad, le cede el monopolio de servicios de salud a una única institución dándole la libertad a disponer y asignar presupuestos a distintos sectores de forma discrecional y sin consenso. No hay incentivos a mejorar la competitividad ni la calidad de las prestaciones, ya que la calidad del servicio y la permanencia del jubilado no van de la mano.

Es cierto que dada las magnitudes de la obra social y el tipo de “riesgo” que administra es difícil lograr un nivel de eficiencia aceptable, pero también es cierto que de esta manera nunca va a lograr atravesar las dificultades financieras y la mala calidad del servicio. Algunos especialistas en el tema, citando por ejemplo a Jorge Colina(1), sostienen que los jubilados afiliados al INSSJyP tengan la libertad de elegir la obra social o empresa de medicina prepaga la cual le provea de servicios de salud. Esto permitiría que el mercado compita por captar nuevos “clientes” generando una mejor oferta de servicios y un manejo eficiente de los fondos. Los recursos para llevarlo a cabo están disponibles. Probablemente sea muy costoso impulsar el cambio y muchos sectores se opondrían por defender intereses propios, pero los beneficios serían sustancialmente elevados. Lo importante es generar el debate y asumir que una solución de fondo requiere un cambio radical, no solo en la obra social de los jubilados sino que en todo el sistema de salud.

(1) EL FRACASO SANITARIO ARGENTINO: DIAGNÓSTICOS Y PROPUESTAS. Jorge Colina Osvaldo. Giordano Pablo Rodríguez del Pozo.